Culiacán, Sinaloa.- Los recientes hechos violentos ocurridos en el Centro Penitenciario de Aguaruto deben abrir una discusión de fondo sobre el futuro del sistema penitenciario en Sinaloa, consideró el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Miguel Calderón Quevedo.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El especialista sostuvo que el actual modelo carcelario muestra signos de agotamiento y que las instalaciones de Aguaruto ya no responden a las necesidades de seguridad y operación que demanda el contexto actual.
En ese sentido, recordó que el CESP ha planteado desde hace tiempo la posibilidad de cerrar el penal y construir uno nuevo bajo estándares modernos que permitan un mejor control institucional y mayores condiciones de seguridad.
Calderón Quevedo señaló que, aunque las autoridades han realizado constantes operativos para decomisar armas de fuego dentro del centro penitenciario, los grupos criminales continúan encontrando mecanismos para ejercer violencia.
Como ejemplo, mencionó que en los hechos más recientes se reportó de manera preliminar el uso de armas punzocortantes, situación que evidencia que los riesgos persisten pese a las acciones de vigilancia implementadas.
Asimismo, advirtió que uno de los aspectos más preocupantes es la percepción ciudadana de que el Estado no mantiene un control absoluto sobre el penal y que los conflictos entre organizaciones delictivas que ocurren fuera de sus instalaciones terminan reflejándose al interior.
“El problema no es únicamente el ingreso de objetos prohibidos o la violencia; también es la percepción de que el sistema ha sido rebasado por dinámicas criminales externas”, indicó.
El coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública añadió que la investigación de estos hechos será clave para evitar que queden impunes, por lo que llamó a la Fiscalía General del Estado a esclarecer lo ocurrido y proceder contra los responsables.
Finalmente, sostuvo que cualquier estrategia para mejorar la seguridad penitenciaria debe contemplar una revisión integral del modelo actual, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad de los centros de reclusión y evitar que sigan siendo vulnerables a disputas entre grupos delictivos.