julio 9, 2026
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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, no cuenta con el parámetro probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para proceder penalmente contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni contra las otras nueve personas señaladas por el Gobierno de Estados Unidos, por lo que la investigación permanece abierta.

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Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos confirmó que el caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas y cedió la explicación técnica a David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

El funcionario explicó que la carpeta de investigación se inició a partir de la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por las autoridades estadounidenses, la cual incluye a diez personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa.

«Se inició como se dio a conocer en su momento, derivado de la solicitud de detención provisional», señaló Bone de la Garza, quien aclaró que los delitos mencionados por Estados Unidos únicamente constituyen el punto de partida de la investigación y que corresponde a la FGR determinar, mediante las diligencias, si existen elementos suficientes para acreditar posibles responsabilidades.

El fiscal reconoció que, hasta ahora, la indagatoria no ha reunido las pruebas necesarias para ejercer acción penal.

«No ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano», afirmó.

Asimismo, evitó precisar si el Gobierno de Estados Unidos ha entregado información adicional a la FGR, además de los señalamientos que dieron origen a la investigación.

Bone de la Garza indicó que las diligencias realizadas incluyen entrevistas ministeriales a las diez personas involucradas, así como la recopilación de reportes e informes relacionados con el caso.

Finalmente, aseguró que la investigación se desarrolla de manera exhaustiva y que el Ministerio Público Federal mantiene abiertas todas las líneas de indagación con el objetivo de determinar si existen elementos suficientes para proceder conforme a la legislación mexicana.