Culiacán, Sinaloa.– El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) determinó la existencia de promoción personalizada atribuida a la senadora de Morena, Imelda Castro Castro, al resolver una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, descartó que existieran actos anticipados de precampaña o campaña, así como el uso indebido de recursos públicos.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La resolución fue aprobada durante una sesión especial virtual en la que se analizó el procedimiento sancionador ordinario derivado de una denuncia interpuesta por el PAN el 7 de abril de 2026.
Como parte de las diligencias, el órgano electoral revisó publicaciones en redes sociales, videos, bardas y lonas vinculadas con la legisladora, además de realizar una investigación sobre publicidad pagada en Facebook. De los 67 eventos señalados en la denuncia, el IEES estableció que 41 ya habían sido objeto de análisis y resolución en procedimientos previos promovidos por el mismo partido político.
Tras el estudio de las pruebas, el Consejo General concluyó que se actualizaron los elementos personal, temporal y objetivo necesarios para configurar promoción personalizada. Entre los aspectos considerados se encuentran publicaciones en redes sociales donde aparecen el nombre, imagen y cargo de la senadora, así como bardas y lonas con referencias a su persona.
El organismo destacó que la propaganda fue difundida principalmente entre enero y mayo de 2026, a pocos meses del inicio del proceso electoral 2026-2027, y que parte de su contenido generaba posicionamiento ante la ciudadanía.
No obstante, el IEES señaló que en las publicaciones analizadas no se encontraron llamados al voto, promoción de plataformas electorales, promesas de campaña ni referencias directas al próximo proceso electoral, por lo que no se acreditaron actos anticipados de precampaña o campaña.
Respecto al presunto uso de recursos públicos, la autoridad electoral indicó que no se encontraron elementos que permitieran demostrar que el financiamiento de la publicidad proviniera de alguna institución gubernamental. La investigación estableció que la inversión en redes sociales fue realizada desde la cuenta personal atribuida a la propia senadora.
Como parte de la resolución, el Consejo General instruyó a la Secretaría Ejecutiva integrar un expediente con copia certificada de todas las actuaciones y remitirlo a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que proceda conforme a sus atribuciones legales.
La determinación se sustenta en lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos.