Culiacán, Sin.- La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa emitió un pronunciamiento en el que exige transparencia y participación ciudadana en la creación de la Vicefiscalía de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La Red solicita que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) cumpla con los siguientes requisitos:
- Personal especializado: Integrar personal con experiencia en defensa de la libertad de expresión y derechos humanos.
- Presupuesto suficiente: Asignar recursos adecuados para el funcionamiento y autonomía de la Vicefiscalía.
- Rendición de cuentas: Establecer mecanismos de revisión y seguimiento de avances en investigaciones.
- Reclasificación de casos: Definir criterios claros para reclasificar casos hacia esta Vicefiscalía especializada.
- Participación ciudadana: Considerar propuestas de organizaciones sociales y víctimas para la elaboración del reglamento.
La Red también exigió que el proceso de nombramiento del titular de la Vicefiscalía sea transparente y cumpla con los siguientes estándares:
- Cumplir la ley: Respetar los derechos humanos y el principio de paridad de género.
- Plazos amplios y obligatorios: Establecer fechas y plazos suficientes para la participación ciudadana.
- Máxima publicidad: Difundir información de manera inmediata y accesible.
- Mecanismos de evaluación: Definir criterios precisos y objetivos para evaluar a los candidatos.
Afirmaron que la creación de esta Vicefiscalía es crucial para abordar la impunidad en delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Sinaloa.
La Red espera que la FGE cumpla con sus peticiones y garantice la transparencia y participación ciudadana en el proceso.
En Sinaloa, siete periodistas han sido asesinados desde 2004, incluyendo a Luis Enrique Ramírez Ramos en 2022 y Javier Valdez Cárdenas en 2017. Además, al menos nueve personas defensoras de derechos humanos han sido privadas de la vida desde 1987.
La impunidad en estos casos es un problema grave que afecta la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales.