Culiacán, Sin.- El Congreso del Estado aprobó en Sesión Ordinaria de este martes y por unanimidad reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Entre los cambios aprobados está el referente al artículo 3, en el que se retoma las obligaciones para el Estado y los municipios de instrumentar las medidas
presupuestales y administrativas necesarias y suficientes, pero se le agrega también medidas de carácter extraordinario para hacer frente a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y deberán contar con fiscalías especializadas para atender los delitos contra las mujeres y Centros de Justicia para las Mujeres.
En el artículo 6, relativo a los principios rectores para el ejercicio del derecho a la igualdad de oportunidades con equidad de género, así como del acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres, que la actual ley contempla cinco, ahora se suman otros seis principios, que son: Perspectiva de género, la debida diligencia, la interseccionalidad, la interculturalidad, el enfoque diferencial y la integración plena y total de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado.
En el artículo 10, en la fracción XV se añade la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a otras convenciones que se citan; en la fracción 18, relativa a la misoginia, reconocida como conductas de odio hacia la mujer, se le añade que estas conductas también son contra las niñas y las adolescentes; la fracción 20, relativa a la “Alerta de Género” se robustece para quedar como sigue: Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado; así como para eliminar el agravio comparado, resultado de las desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al derecho a una vida libre de violencias.
Al mismo artículo 10 se le adicionan cinco fracciones más, entre las cuales están la 25, relativa a los Centros de Justicia para las Mujeres, los que se les define como “espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan, de manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial e interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su empoderamiento.
Otras fracciones que se adicionan son definiciones de Debida diligencia, Enfoque diferencial, Interculturalidad e Interseccionalidad.
En el artículo 14, relativo a la violencia familiar, se adiciona que también se considera tal cuando la persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o de apoyo, aunque no tenga una relación de parentesco.
En el artículo 14 Bis se retoma que los modelos de prevención, atención y sanción que establezcan el Estado y los municipios y se precisa que son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar y violencia a través de interpósita persona como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos considerando la interseccionalidad, la interculturalidad y el enfoque diferenciado.
Asimismo, se adicionan tres fracciones más, que son:
V. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima;
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia; y
VII. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, otorgará un apoyo económico a mujeres víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad. Los modelos de atención, prevención y sanción a los que se refiere el primer párrafo de este artículo deberán tener un enfoque diferenciado con el objeto de ajustarse a las condiciones específicas de las mujeres víctimas de violencia.
El capítulo V de la citada ley se le amplía el nombre, de denominarse De la Violencia Feminicida, se le agrega “y de la Alerta de Género contra las Mujeres”, y se le añade un artículo 22 Bis, el cual establece:
La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres tendrá como objetivos:
I. Garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad, así como el acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas;
II. Generar las condiciones y políticas públicas que contribuyan a la disminución y cese de la violencia feminicida en su contra, y
III. Eliminar la desigualdad y discriminación producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que agravian los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
Se establece que para cumplir con estos objetivos, las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus competencias deberán:
A. Hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, y la zona territorial que abarquen las acciones que deberán realizarse;
B. Implementar las acciones y medidas preventivas, correctivas, de atención, de seguridad, de procuración e impartición de justicia, de reparación del daño y legislativas que correspondan;
C. Elaborar un Programa de Acciones Estratégicas de cumplimiento, que deberá hacerse del conocimiento público y que contendrá:
a) El motivo de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres;
b) Las acciones que deberán desempeñar para hacer frente a la violencia feminicida o al agravio comparado, la ruta de acción, los plazos para su ejecución y la asignación de responsabilidades definidas para cada uno de los poderes y órdenes de gobierno, según corresponda;
c) Los indicadores de seguimiento y cumplimiento de las acciones que deben realizar las autoridades estatales y municipales; entre otras.
Se adiciona un artículo 22 Bis A, en el que se establece que la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. Exista un contexto de violencia feminicida caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas en un territorio determinado;
II. Existan omisiones documentadas y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención, sanción, y acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes y niñas, de conformidad con lo establecido en esta ley, y
III. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
Se adicionan los artículos 22 Bis B, 22 Bis C, 22 Bis D, 22 Bis E, 22 Bis F, 22 Bis G, 22 Bis H, 22 Bis I, 22 Bis J y 22 Bis K, entre otras reformas y adiciones.