Culiacán, Sin.- En sesión del Congreso del Estado, la diputada Paola Gárate fijó posicionamiento en contra de la propuesta del Ejecutivo estatal para desaparecer la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), al advertir que la medida “no reordena nada: apaga la luz” y reduce de forma grave el derecho de las y los sinaloenses a saber, exigir cuentas y vigilar el uso del dinero público. Reiteró que la transparencia es un derecho humano y contrapeso esencial.
Desde tribuna, Gárate subrayó que el acceso a la información no es una idea abstracta, sino una herramienta cotidiana que permite a la ciudadanía verificar si un presupuesto realmente se aplicó en una escuela, dar seguimiento a programas de salud, becas o apoyos, y conocer si los recursos públicos se ejercen con legalidad o se van en excesos.
La legisladora alertó que la reforma abre la puerta a que el acceso a la información quede absorbido por procedimientos internos de los sujetos obligados, bajo su propia interpretación del marco normativo. “Y lo más grave: sin una instancia externa e independiente que, con imparcialidad, determine la legalidad de lo actuado cuando una persona se inconforma”, enfatizó.
Gárate cuestionó que el gobierno pretenda convertirse en “árbitro” cuando exista un diferendo entre ciudadanía y gobierno sobre la información entregada. “Eso tiene un nombre muy simple: ser juez y parte”, sostuvo, al señalar que un derecho sin garante independiente termina siendo una promesa vacía y un trámite diseñado para cansar al ciudadano.
En su intervención, la diputada rechazó que se invoque la austeridad para justificar una decisión que debilita derechos. “La austeridad, cuando es real, se nota. Se practica. Se acredita”, afirmó, y añadió que existen cuestionamientos públicos sobre viáticos y gastos que merecen escrutinio, por lo que la transparencia no puede sacrificarse por conveniencia política.
Asimismo, lamentó la falta de apertura para escuchar a especialistas y a la sociedad civil. Recordó que se prometieron mesas de trabajo y un parlamento abierto, pero que las propuestas presentadas no se reflejaron en el dictamen. “Cuando un gobierno y una mayoría legislativa deciden no escuchar, el resultado es una reforma impuesta, sin consenso y sin respeto al diálogo democrático”, puntualizó.
La diputada concluyó que lo que está en juego no es un ajuste administrativo, sino el lado en el que se coloca el Congreso: “Hoy se vota si defendemos el derecho del pueblo a saber, a cuestionar, a exigir. Porque sin transparencia no hay democracia; hay simulación”.
Finalmente, informó que desde el PRI se vota en contra de la desaparición del órgano garante, en contra de la opacidad en el manejo del presupuesto público y en contra de un modelo donde el gobierno pretende ser juez y parte. Hizo un llamado a que cualquier reforma se construya con diagnóstico, participación y seriedad institucional.
“La transparencia no estorba: protege. Y cuando se apaga la luz, lo único que crece es la sombra”, concluyó.