Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una carpeta de investigación iniciada de manera oficiosa por la desaparición de trabajadores mineros, con un total de cinco denuncias formalizadas hasta el momento, informó la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La titular de la FGE detalló que el reporte inicial fue recibido el pasado 24 de enero y que, aunque en un principio se habló de 10 personas desaparecidas, oficialmente solo se cuenta con cinco denuncias presentadas. Las víctimas son originarias de Zacatecas, Sonora y Guerrero.
Sánchez Kondo señaló que durante las investigaciones se han localizado pertenencias que podrían corresponder a los mineros, lo que ha derivado en la ejecución de cinco cateos: uno en Mazatlán y cuatro en el municipio de Concordia, de los cuales dos se realizaron en la zona serrana y dos en la cabecera municipal.
Indicó que la Fiscalía mantiene coordinación permanente con las fiscalías de Zacatecas, Sonora y Guerrero, a fin de atender a las familias de las personas desaparecidas y fortalecer las diligencias de investigación. En ese sentido, hizo un llamado a los familiares y a la empresa para que formalicen las denuncias correspondientes y aporten información que permita confirmar datos relacionados con el reporte inicial.
La fiscal explicó que, como parte del despliegue operativo, se mantiene presencia de personal militar en la zona serrana de Concordia y en otros municipios, mientras continúan las labores de búsqueda e investigación.
Respecto a la empresa minera, señaló que la mina se encuentra en etapa de exploración y que hasta el momento no ha habido un acercamiento directo por parte de la directiva, por lo que se prevé citar al director de la empresa. Añadió que el contacto inicial se ha dado únicamente con representantes legales.
Sánchez Kondo informó que, derivado de los cateos, se aseguraron tres teléfonos celulares y una laptop, los cuales ya son analizados en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, confirmó que se solicitó apoyo de la autoridad federal para el análisis técnico de los dispositivos, y que la localización de identificaciones oficiales ha permitido establecer la certeza de que las personas investigadas se encuentran privadas de la libertad.