Los docentes denunciaron un golpe económico de hasta 4 mil pesos al mes para acudir a sus labores.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Culiacán, Sinaloa.- Docentes de Culiacán, Elota y Mazatlán lanzaron una fuerte denuncia pública contra Autotransportes Unidos de Sinaloa, acusando a la empresa de retirar de manera abrupta el histórico descuento que por años permitió a cientos de maestras y maestros trasladarse a las comunidades rurales donde imparten clases.
En un posicionamiento dirigido al gobernador Rubén Rocha Moya, a las dirigencias del SNTE 27 y 53, y a la sociedad en general, el gremio advirtió que esta decisión representa un duro golpe económico, pues el gasto en transporte podría dispararse hasta 4 mil pesos mensuales, una cifra imposible de cubrir con los actuales salarios del magisterio rural.
Los maestros señalaron que la eliminación del beneficio no solo elimina un apoyo económico mínimo, sino que pone en riesgo la continuidad educativa de niñas, niños y jóvenes de zonas marginadas. Recordaron que, a pesar de la inseguridad que impera en el estado, nunca han dejado de cumplir con su labor, presentándose puntualmente en las aulas.
Afirmaron que sostuvieron un acercamiento directo con la empresa, pero fueron informados de supuestas “nuevas normas” que restringen el descuento únicamente a rutas ciudad–ciudad, excluyendo a quienes se trasladan diariamente a comunidades rurales. Esta postura, dijeron, desconoce por completo la realidad de los docentes, quienes incluso deben pagar transbordos, trayectos fragmentados y costos acumulados para llegar a su centro de trabajo.
La medida afecta a maestros de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato y telebachillerato, quienes dependen del transporte público para continuar atendiendo a alumnos en regiones históricamente olvidadas.
Ante esta situación, el gremio exigió una intervención inmediata del gobernador Rocha Moya para ordenar a Autotransportes Unidos de Sinaloa que restablezca el descuento. También pidieron el respaldo de autoridades educativas y sindicatos para garantizar condiciones laborales mínimas y dignas.
Los maestros insistieron en que garantizar su movilidad no es un lujo, sino una inversión en el derecho a la educación de las comunidades rurales. “No se puede exigir calidad educativa mientras se precariza a quienes sostienen el sistema en los contextos más difíciles”, advirtieron.
Finalmente, confiaron en que las autoridades estatales y la empresa recapaciten y ofrezcan una solución justa y urgente, antes de que la formación de miles de estudiantes rurales se vea afectada.