Culiacán, Sinaloa.— Martín Antonio Sotomayor, abogado de la familia Ortiz Hernández, aseguró que la denuncia pública realizada por el abogado Horacio Bringas tiene un trasfondo meramente político y carece de sustento jurídico, al derivarse —afirmó— de un conflicto de naturaleza mercantil con Banca Serfín.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El litigante explicó que el origen del caso se encuentra en una supuesta cesión de derechos de parte litigiosa relacionada con gastos de un juicio, la cual presuntamente habría sido transmitida a favor de Horacio Bringas por una persona ya fallecida. Dicha cesión, detalló, se habría realizado ante el notario público Manuel Lazcano Meza, quien —según señaló— tiene retirado su fiat notarial y no cuenta con buena reputación.
Sotomayor sostuvo que el convenio de cesión de derechos presenta graves inconsistencias, ya que se habría sustentado en una credencial expedida en 2015 y ratificada en 2014, situación que calificó como “jurídicamente imposible”. Por tal motivo, afirmó que el documento es nulo de pleno derecho.
Pese a estas presuntas irregularidades, indicó que con base en dicho convenio se ordenó el embargo de bienes de la familia Ortiz Hernández, situación que incluso —dijo— sorprendió a la jueza del Juzgado Tercero Civil. Posteriormente, agregó, se ordenó también el embargo del menaje de casa, el cual subrayó es inembargable conforme a la legislación vigente.
El abogado denunció además que la familia ha recibido amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes, presuntamente de personas que se identifican como integrantes de la delincuencia organizada. Ante estos hechos, informó que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Ciudad de México.
Sotomayor detalló que dentro de la carpeta de investigación se han aportado diversas pruebas, entre ellas videos, audios y testimoniales. Asimismo, indicó que se promovió un incidente ante el Juzgado Tercero Civil y se interpuso una denuncia por el presunto uso de documentos falsos.
Finalmente, el representante legal de la familia Ortiz Hernández reiteró que el asunto deberá resolverse en los tribunales y expresó su confianza en que las autoridades judiciales determinen la nulidad de los actos que, a su juicio, se han realizado con base en documentos irregulares.