«Las consecuencias de la violencia no terminan cuando cesan los disparos. Hay familias que perdieron su patrimonio y negocios que dejaron de trabajar. No podemos dejarlos solos”: Mario Zamora
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ciudad de México.- Al presentar ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por los hechos violentos del pasado viernes en Guasave y otros municipios del norte y centro del estado, conocidos como el “Guasavazo”, el diputado federal por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, hizo un llamado urgente a fortalecer la estrategia de seguridad, proteger a la población civil, atender a las víctimas y reforzar el presupuesto estatal de seguridad.
Zamora reconoció la labor del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, y lamentó la muerte de cuatro militares que se dirigían a reforzar la seguridad en la zona.
“Reconozco el valor de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Cuatro soldados dieron la vida por Sinaloa y sus familias merecen todo nuestro respeto. La captura es un resultado importante, pero la reacción criminal la volvieron a pagar las familias sinaloenses”, expresó.
El legislador señaló que los enfrentamientos, los vehículos y unidades de carga incendiados, los ataques a tiendas y gasolineras, los bloqueos en las principales carreteras entre Culiacán y Los Mochis y la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Los Mochis evidencian la gravedad de una situación que mantuvo a familias enteras refugiadas durante horas en supermercados, iglesias y en el estadio de Guasave.
Advirtió que no es la primera vez: ocurrió en el Culiacanazo de 2019, se repitió el 5 de enero de 2023 y hoy vuelve a pasar en Guasave. Por ello, su propuesta pide a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Gobierno del Estado incorporar protocolos de protección a la población civil ante operativos de alto impacto.
“Ya sabemos lo que pasa después de cada captura importante. No podemos seguir enfrentando la reacción del crimen con las mismas respuestas. Necesitamos protocolos para proteger a la gente: alertas a tiempo, rutas seguras, refugios y atención a quienes se quedan varados en las carreteras”, señaló.
Zamora advirtió que estos hechos ocurren a las puertas de diciembre, una de las temporadas más importantes para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos, en un estado que, de acuerdo con Coparmex, ya ha perdido 44 mil empleos por la crisis de seguridad.
“¿Cómo queremos atraer inversiones, generar empleos y recibir turistas si no garantizamos seguridad? Cada hecho de violencia tiene consecuencias que van mucho más allá de los enfrentamientos. Afecta a familias, trabajadores y negocios que todos los días hacen un esfuerzo por salir adelante”, manifestó.
Como parte del punto de acuerdo, solicitó al Gobierno de Sinaloa elaborar en un plazo no mayor a 30 días un Diagnóstico Integral de Daños y Afectaciones que cuantifique las pérdidas en vehículos, transporte de carga, comercios, mercancías, empleos y en la salud física y emocional de las personas, y que con base en él se instrumente un programa de apoyo con reglas claras.
Recordó que en enero de 2023, tras el despojo de 250 vehículos, de los cuales 51 fueron incendiados, el Gobierno del Estado implementó un programa extraordinario que cubrió el 80 por ciento del valor de los vehículos afectados, con un límite de 200 mil pesos por unidad. Ese apoyo alcanzó alrededor de 85 vehículos, con cerca de 7.5 millones de pesos, lo que demuestra que es posible actuar y que ahora debe ampliarse a todas las afectaciones.
Además, Zamora hizo un llamado al Gobierno del Estado para que vigile que las aseguradoras agilicen los trámites de quienes perdieron su vehículo o sufrieron daños en su patrimonio.
“Muchas familias tienen seguro y lo que necesitan es que les respondan rápido. El Gobierno del Estado debe estar pendiente de que las aseguradoras no les pongan trabas ni los hagan esperar meses. Y a quienes no tienen seguro, hay que apoyarlos directamente”, subrayó.
“Esta vez no fueron solo carros particulares. Son tráileres, tiendas, gasolineras, mercancías y días de trabajo perdidos. Las víctimas tienen derecho a ser atendidas de inmediato, y la ley ya obliga a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas a hacerlo”, sostuvo.
Por otra parte, Zamora insistió en que la seguridad requiere una revisión profunda de las prioridades presupuestales. Señaló que, aunque para 2026 el estado destinó 2 mil 472 millones de pesos a seguridad, la crisis ya lo rebasó: desde septiembre de 2024 Sinaloa acumula más de 4 mil 200 homicidios dolosos. Recordó además que el próximo 28 de noviembre vence el plazo para que el Gobierno del Estado presente su proyecto de presupuesto 2027.
En ese sentido, convocó a los legisladores sinaloenses de todos los partidos, y en particular a los diputados locales, a fortalecer el presupuesto de seguridad y a contemplar una partida específica para las víctimas de la violencia y la reactivación económica.
“Todavía estamos a tiempo de hacer un último esfuerzo. Invito a mis compañeros legisladores de todos los partidos a que hagamos una causa común. La seguridad de Sinaloa está por encima de cualquier diferencia política y requiere decisiones a la altura de las circunstancias”, afirmó.
Asimismo, subrayó que el fortalecimiento debe llegar directamente a los policías estatales y municipales.
“No podemos pedirles a nuestros policías que enfrenten a grupos criminales fuertemente armados sin garantizarles salarios dignos, equipamiento, capacitación, seguro de vida y protección para sus familias. No se trata solamente de gastar más, sino de invertir mejor”, señaló.
“Sinaloa necesita paz, pero también necesita que sus familias puedan salir a trabajar, que los negocios permanezcan abiertos, que los turistas regresen y que las inversiones sigan llegando. Recuperar la seguridad es indispensable para recuperar la tranquilidad y el futuro de nuestro estado”, concluyó.
