Ciudad de México.- La UIF incluyó a la exconsejera presidenta del organismo electoral y a dos empresarios en el bloqueo financiero de 40 personas físicas y morales; el INE también anunció acciones legales ante la FGR por posibles irregularidades.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas fueron incluidos en el bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en medio de señalamientos por presuntas irregularidades durante la anterior administración del organismo electoral.
La medida fue anunciada el pasado 4 de noviembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, como parte de una intervención financiera que alcanzó a 40 personas físicas y morales identificadas en operaciones consideradas de riesgo.
De acuerdo con la información difundida, el congelamiento de activos estuvo acompañado de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se investiguen los posibles delitos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso también provocó reacciones de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes solicitaron a la FGR implementar medidas para evitar que Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas puedan abandonar el país mientras avanzan las investigaciones.
PAN pide alerta migratoria
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, el diputado Federico Döring y la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Paulina Rubio, ambos del PAN, exigieron que la Fiscalía General de la República tramite una alerta migratoria contra la exfuncionaria electoral y el empresario señalado.
Döring argumentó que existen antecedentes de personas investigadas por presuntos delitos que han logrado salir de México antes de que concluyan los procedimientos judiciales en su contra.
Entre los casos que mencionó se encuentran el del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, así como los de Fernando Farías Laguna y Amílcar Olán, señalados por presuntas actividades ilícitas y vinculados en distintas investigaciones.
También hizo referencia al empresario Raúl Rocha Cantú, quien enfrenta señalamientos por delincuencia organizada.
El legislador panista sostuvo que es necesario anticiparse a cualquier intento de evasión de la justicia y evitar que los recursos presuntamente irregulares puedan trasladarse al extranjero.
Por su parte, Paulina Rubio señaló que las investigaciones deben considerar posibles esquemas de lavado de dinero, al advertir que quienes participan en actos de corrupción pueden recurrir a instituciones financieras de otros países para colocar recursos de procedencia ilícita.
INE anuncia acciones legales contra su anterior administración
A los señalamientos financieros y las exigencias de la oposición se sumó la decisión del propio Instituto Nacional Electoral de emprender acciones legales.
Un día antes del anuncio del congelamiento de cuentas, la consejera presidenta interina del INE, Blanca Cruz, informó que el Consejo General acordó instruir a las áreas jurídicas del organismo para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
Las acciones legales estarían dirigidas contra Guadalupe Taddei y aquellos colaboradores de su administración que pudieran haber incurrido en conductas constitutivas de delito.
La determinación busca que las autoridades ministeriales investiguen las posibles irregularidades detectadas y establezcan si existen elementos para fincar responsabilidades penales.
ASF detectó posibles irregularidades con proveedores
En este contexto, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también forman parte de los antecedentes del caso.
Entre las presuntas irregularidades documentadas se encuentran operaciones con proveedores cuyas certificaciones fiscales fueron canceladas por su posible relación con empresas factureras.
Asimismo, se señalaron posibles esquemas de triangulación de recursos, subcontratación entre empresas y operaciones con entidades que presuntamente carecían de la infraestructura necesaria para prestar los servicios que facturaban.
Uno de los aspectos que llamó la atención de las auditorías fue la existencia de compañías que habrían facturado cantidades millonarias pese a contar con menos de cinco trabajadores.
Con el congelamiento de cuentas, las denuncias anunciadas por el INE y las exigencias de legisladores panistas, el caso de la anterior administración del organismo electoral entra en una nueva etapa de investigación.
Será responsabilidad de las autoridades ministeriales determinar si existieron delitos, quiénes participaron y cuál fue el destino de los recursos involucrados. Hasta el momento, los señalamientos deberán esclarecerse mediante los procedimientos legales correspondientes.