Culiacán, Sin.– La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción manifestaron su preocupación por las solicitudes de licencia presentadas por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, así como por los diputados Rodolfo Valenzuela y Kristian Alexis Espinoza García, integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Las organizaciones señalaron que las separaciones temporales de los legisladores ocurren en un momento clave para la discusión y construcción de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, proceso que hasta ahora era encabezado por los diputados en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y especialistas.
En un posicionamiento público, RECIAS y el CPC advirtieron que, independientemente de las razones personales o políticas que motivaron las licencias, preocupa que quienes asumieron la conducción del proceso se retiren sin ofrecer certeza sobre la continuidad de los trabajos, los acuerdos alcanzados y el cumplimiento de los compromisos establecidos durante las mesas de diálogo.
Las organizaciones enfatizaron que la construcción de una nueva Ley de Transparencia no debe depender de coyunturas políticas ni de cambios en los actores responsables, por lo que consideraron que el Congreso del Estado tiene la obligación de garantizar un proceso abierto, con certeza, participación efectiva y máxima publicidad, privilegiando el interés público.
Ante este escenario, hicieron un llamado al Poder Legislativo para informar quiénes asumirán la conducción del proceso legislativo, cómo se dará continuidad a las mesas de trabajo y de qué manera serán incorporadas las propuestas presentadas por organizaciones ciudadanas y personas especialistas.
Finalmente, RECIAS y el CPC sostuvieron que Sinaloa requiere una legislación sólida, construida mediante un proceso transparente y con auténtica participación ciudadana. Agregaron que las instituciones deben demostrar que los cambios políticos no representan un obstáculo para cumplir con sus obligaciones constitucionales ni para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la información.
Las organizaciones concluyeron que la transparencia y la rendición de cuentas exigen instituciones responsables, continuidad en los procesos y un compromiso permanente con la ciudadanía.