La Unidad de Inteligencia Financiera informó que realizó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias vinculadas a Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, luego de alertamientos emitidos por instituciones financieras mexicanas tras los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos contra exfuncionarios y funcionarios de la entidad.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!A través de una tarjeta informativa, la UIF —dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— precisó que las medidas derivan de reportes bancarios denominados “LPB 24 Horas”, mecanismo utilizado cuando existen operaciones o perfiles considerados de riesgo para el sistema financiero.
Según explicó la dependencia, los reportes fueron generados debido a que bancos mexicanos mantienen relaciones de corresponsalía con instituciones financieras estadounidenses, las cuales activaron alertas tras las acusaciones difundidas públicamente por autoridades de ese país.
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, indicó el organismo.
La medida ocurre días después de que autoridades estadounidenses revelaran investigaciones contra al menos diez exfuncionarios y funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con una célula del crimen organizado relacionada con el Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres que han trascendido en medios nacionales se encuentran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, ambos bajo investigación en Estados Unidos tras entregarse voluntariamente a autoridades federales estadounidenses. También han sido mencionados personajes cercanos al entorno político del gobernador Rubén Rocha Moya.
Medios como Reuters y El País reportaron que el congelamiento de cuentas forma parte de una estrategia coordinada entre autoridades financieras mexicanas y estadounidenses para evitar movimientos de recursos presuntamente relacionados con operaciones ilícitas.
La UIF aclaró que el bloqueo de cuentas no representa una resolución definitiva ni implica culpabilidad de las personas involucradas.
“Estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, sostuvo la dependencia.
Asimismo, recordó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales de defensa, entre ellos la garantía de audiencia y recursos administrativos o jurisdiccionales para impugnar las medidas.
De acuerdo con especialistas consultados por medios nacionales como Milenio y El Universal, el uso de la Lista de Personas Bloqueadas suele aplicarse cuando existen indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita o riesgos para el sistema financiero derivados de investigaciones nacionales o internacionales.
La UIF añadió que mantiene abierto el análisis técnico y documental sobre las Personas Políticamente Expuestas señaladas, así como de otros posibles involucrados, conforme continúan llegando reportes del sistema financiero mexicano.