Culiacán, Sinaloa.- La titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE), Alejandra Pineda Prado, afirmó que su remoción se dio sin previo aviso ni oportunidad de defensa, y la calificó como un acto de carácter político, incluso con tintes personales.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!En declaraciones recientes, Pineda Prado aseguró que no fue informada sobre el dictamen que derivó en su salida, y señaló que durante el proceso no se le permitió participar ni emitir posicionamiento alguno.
“No estaba enterada del dictamen… a mí en ningún momento se me dio uso de la voz”, expresó.
La funcionaria defendió su desempeño al frente de la UTE, argumentando que su trabajo fue evaluado previamente por la comisión de fiscalización, la cual —dijo— avaló su continuidad en el cargo.
“Si en algún momento hubiera sido ineficiente, la comisión de fiscalización no me hubiera reelegido”, sostuvo.
Asimismo, subrayó que su ética, trayectoria y honorabilidad “no están en tela de juicio”, y lamentó la forma en que se desarrollaron los hechos, los cuales consideró reflejan un problema más amplio de violencia política y abuso de poder.
Pineda Prado denunció que se le presionó para presentar su renuncia voluntaria, incluso con la promesa de conservar su salario, lo cual rechazó al considerar que su nombramiento fue resultado de su esfuerzo profesional.
También criticó la capacidad técnica de la actual legislatura, al señalar que no se realizó un análisis adecuado de los reglamentos antes de argumentar una supuesta duplicidad de funciones en la UTE.
“No hay duplicidad, pero es tan pobre la capacidad técnica de esta legislatura que se les ha hecho muy fácil usar las leyes para interpretarlas como les conviene”, afirmó.
La ex titular de la UTE indicó que su trabajo de revisión a obras públicas pudo haber generado incomodidad en otras instancias, lo que habría influido en su remoción.
Además, cuestionó la desaparición del área, al considerar que representa un retroceso en materia de transparencia, fiscalización y uso eficiente de los recursos públicos.
Finalmente, adelantó que buscará apelar la decisión del Congreso del Estado, al considerar que existen elementos suficientes para impugnar el proceso, y reiteró que su salida responde a intereses políticos. “Sin duda alguna fue un tema político”, concluyó.