COLUMNA: DE FRENTE
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!POR DIEGO ALBERTO HERNÁNDEZ
Por momentos, el Congreso del Estado de Sinaloa parece haber extraviado su razón de ser. Lo que debería ser un espacio de debate serio, de contraste de ideas y de construcción legislativa para el bien común, se ha transformado en un recinto donde el ruido, la descalificación y el espectáculo político pesan más que las leyes. La sesión número 120, celebrada el jueves 8 de enero, es una muestra clara —y preocupante— de ello.
Ese día no pasará a la historia parlamentaria de Sinaloa por una reforma trascendente ni por un dictamen que marque rumbo. Pasará, más bien, como otro capítulo del desgaste institucional, detonada esta vez por una acusación grave lanzada desde la tribuna por el diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez.
Como suele decirse en el argot popular, “prendió el cerro”. Vargas Ramírez acusó a la oposición de “calmarse con una feria” y de no servir como contrapeso real en el Congreso. Dijo, sin rodeos, que dicen una cosa y hacen otra. Más allá de que esa afirmación puede coincidir con la percepción ciudadana sobre la debilidad de la oposición en Sinaloa —una oposición fragmentada, errática y muchas veces reactiva—, el problema no fue ese diagnóstico político.
El verdadero incendio comenzó cuando el diputado morenista dejó entrever que legisladores de oposición recibían “sobres amarillos”. Una insinuación directa de corrupción lanzada sin pruebas, en un recinto oficial y con la investidura que representa una curul. La acusación llegó después del posicionamiento de la diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, y del diputado del PAN, Jorge González Flores, quienes habían subido a tribuna para hablar sobre la democracia en América Latina y, en particular, sobre lo ocurrido recientemente en Venezuela.
El señalamiento fue tan frontal como delicado. Y como suele suceder en política, el apuntado rara vez queda bien. Vargas Ramírez, lejos de apagar el fuego, regresó a la tribuna para intentar matizar sus palabras, argumentando que cuando habló de “feria” se refería a un lugar con juegos mecánicos y no a dinero. Una explicación que, lejos de aclarar, terminó por confirmar que el mensaje había sido otro y que todos lo entendieron así.
La reacción no se hizo esperar. Legisladores de oposición, y algunos no tan opositores, exigieron una disculpa pública y pidieron pruebas de la acusación. El señalamiento caló, molestó y dejó al descubierto una herida que el Congreso arrastra desde hace tiempo: la pérdida de credibilidad y el uso de la tribuna como arma política, no como herramienta legislativa.
Porque aquí el fondo del asunto no es solo la irreverencia —que algunos confunden con valentía— ni el estilo confrontacional de un diputado en particular. El fondo es que mientras se gritan, se acusan y se insultan, los problemas reales de Sinaloa siguen esperando atención. Seguridad, economía, salud, educación, infraestructura… todo queda relegado cuando el protagonismo personal se impone sobre la responsabilidad pública.
Así las cosas en el Congreso de Sinaloa: se hace de todo, menos legislar. Y lo más preocupante es que este tipo de episodios ya no sorprenden, se han normalizado.
Nos leemos mañana, porque el Congreso siempre da material. Y sí, también traemos otro chismecito que pasó en el recinto legislativo, pero ahora con un diputado del Partido Verde Ecologista y otro de Morena. Porque al parecer, el circo legislativo aún no baja el telón.