Culiacán, Sinaloa.– Gerardo Octavio Vargas Landeros, alcalde con licencia del municipio de Ahome, fue vinculado a proceso este miércoles 4 de junio por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, en el marco de la causa penal 830/2025. No obstante, el exfuncionario llevará el proceso en libertad.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La resolución fue emitida por el juez Carlos Alberto Herrera, quien consideró válidos los argumentos presentados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La acusación está relacionada con la negativa del imputado a entregar información solicitada oficialmente por la Fiscalía como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por más de 171 millones de pesos, durante el año 2021.
Durante la audiencia, la defensa de Vargas Landeros, encabezada por el abogado Luis Antonio Sánchez, presentó documentos con fechas del 28 de marzo, 7 y 14 de abril, en los que, aseguraron, se dio respuesta a las solicitudes de la Fiscalía. Argumentaron que el entonces alcalde delegó la atención de estos requerimientos a las instancias correspondientes y que no hubo intención de ocultar información.
“El imputado en ningún momento retardó la solicitud”, argumentaron los abogados. Añadieron que las acusaciones eran genéricas y carentes de elementos como fecha, hora y lugar específicos, por lo que consideraban inconstitucional su vinculación.
Sin embargo, el Ministerio Público refutó estos planteamientos, señalando que Vargas Landeros, en calidad de presidente municipal, era plenamente responsable de los documentos firmados y de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de información. Además, subrayó que fue hasta una tercera solicitud, después de 16 días, cuando se emitió una respuesta incompleta desde la Dirección de Asuntos Jurídicos, entonces encabezada por Ricardo García Limón.
Tras deliberar por 20 minutos, el juez determinó vincular a proceso a Vargas Landeros, imponiendo como medidas cautelares la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de acudir mensualmente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
La defensa contará con un plazo de tres meses para presentar pruebas dentro de la investigación complementaria. La audiencia intermedia del caso fue programada para el próximo 4 de septiembre.