Culiacán, Sinaloa.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó entre 140 y 150 millones de pesos no solventados tras el análisis de las cuentas públicas de 2024, informó la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera. El monto surge de observaciones que no fueron aclaradas por ayuntamientos, dependencias y organismos estatales.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Félix Rivera explicó que, en total, los pliegos de observaciones concentraron alrededor de 250 millones de pesos como monto de probable recuperación. De esa cifra, solo se logró solventar aproximadamente el 40%, por lo que cerca de 150 millones quedaron pendientes. Detalló que, conforme avanzó el proceso de dictaminación, el monto final no aclarado se ubicó en alrededor de 140 millones de pesos, los cuales serán turnados al área jurídica.
“De los 250 millones que resultaron en los informes individuales, se aclaró solo el 40%. Es decir, que 140 millones pasan al área jurídica para analizar y calificar las faltas. Si es grave, va directo al Tribunal de Justicia Administrativa; si no es grave, va al Órgano Interno de Control correspondiente o a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. En ese análisis también deberán revisarse posibles hechos constitutivos de delito. Estamos justo en ese momento”, explicó la auditora.
Félix Rivera indicó que, de las más de 2 mil observaciones realizadas en total, únicamente se solventó alrededor del 40%. Algunos entes sí atendieron las observaciones, mientras que otros no presentaron ninguna respuesta, lo que integra el monto ya dictaminado como no solventado. Todos estos casos pasarán a revisión en la Dirección de Investigación de la Dirección General Jurídica.
La auditora señaló que aproximadamente la mitad del monto no solventado corresponde a los municipios y a prácticas reincidentes, como gastos no comprobados, falta de documentación justificativa y comprobatoria, obras pagadas sin concluir y pasivos sin fuente de pago.
Agregó que uno de los factores que más afectan la correcta aplicación de los recursos públicos es el cambio de administraciones municipales cada tres años. “Es volver a empezar cada tres años. Hemos insistido mucho en la necesidad de un servicio civil de carrera que garantice que un servidor público —un tesorero, un director de ingresos, un director de egresos— tenga la expertis para hacer las cosas. Si cada tres años cambias al responsable, hay que enseñarle, y va a cometer errores. Eso influye mucho”, afirmó.
Félix Rivera explicó que, aunque las nuevas administraciones reciben “el paquete completo” —incluidos recursos, deudas y compromisos—, la responsabilidad administrativa recae en quien haya cometido la irregularidad. “Para efectos de fiscalización y sanción, se aplicará a la persona que cometió la falta, que en el caso de los municipios sería el alcalde anterior”, puntualizó.